Tiene 47 años, el cabello lleno de canas y los ojos de tristeza. El solo escuchar como su voz se entrecorta cada que trata de responder las preguntas de la reportera, les juro que me hace sentir un nudo en la garganta.
Trae 6 dólares consigo. La que lo entrevista no le cree hasta que él saca su cartera y se lo demuestra. Acaba de pagar el alquiler que debía y se quedó con menos de lo que se gana normalmente por hora.
Su familia está lejos, pero sus sueños están aún más. Se llama Raúl Chávez, vive en Phoenix, Arizona y a partir de ahora es un criminal. Su delito: cruzar una frontera política buscando llevarle alimento a su familia. No es asesino, no es secuestrador, no es ratero ni violador, pero será perseguido como si lo fuera. “No entiendo qué daño les podemos hacer. Solo venimos a trabajar” dice Raúl al micrófono, con toda la razón de su parte. No pide lujos, no pide regalos, solo pide trabajo y eso, desde el 20 de abril, se pena con cárcel.
Con la aprobación de la Ley SB1070 en Arizona, Raúl y otros 600 mil mexicanos, aproximadamente, serán tratados como delincuentes hasta que prueben lo contrario.
El racismo hecho ley, en la SB1070, establece que los inmigrantes ilegales son criminales con castigos desde 4 años en prisión, mientras que los legales deben cargar en todo momento los documentos que comprueben su estancia legal en Estados Unidos, y además faculta a policías para interrogar e identificar el estatus migratorio de quienes resulten “sospechosos”.
Para efectos prácticos debemos sustituir la palabra “sospechosos” por “morenos” (como será el caso) y lo que tendremos es un estado policía que hostigará a 29% de sus ciudadanos, los de ascendencia mexicana. En la realidad no es una ley antimigrantes, es una ley antilatinos, antimexicanos, porque honestamente no creo que le pidan sus papeles a los migrantes alemanes, holandeses o suecos porque cada güero resultaría “sospechoso”, entonces.
Todo esto en el mejor de los supuestos, donde lo peor que sucederá es que nuestros mexicanos allá van a tener que enseñar sus papeles una y otra vez, pero no es así. Las implicaciones de esta ley van más allá. Obliga a los patrones a verificar si sus empleados están autorizados a trabajar de manera legal en EU mediante un sistema electrónico llamado Verify al cual deben afiliarse, y por supuesto, impone sanciones, incluso más fuertes que las contempladas por el gobierno federal, a quienes contraten en forma consciente a inmigrantes indocumentados, al amenazar con cerrar los negocios y empresas de los que lo hagan. También convierte en delincuente al que albergue a un indocumentado o al que lleve uno en su carro.
Hablando claramente, cualquiera que tenga alguna muestra de humanismo con un indocumentado puede ser castigado también. A alguien se le ocurrió que los mexicanos y los latinos no tienen derecho a la salud, a caminar por la calle, a conseguir un trabajo honrado, a acercarse a los residentes pues el resultado sería que peor que animales serían rechazados, hasta por seguridad y con justificaciones legales. Como si no bastara con el rechazo natural que muchos de nuestros connacionales reciben allá, ahora, motivado por la legislación, serán víctimas de los tratos más inhumanos y denigrantes.
Pasé muchos días tratando de entender a las personas que promovieron esta ley. Traté de ponerme en sus zapatos y pensar como “gringo culero” y entendí algo de lo que están haciendo, pero aún así hay una parte que no logro comprender. La parte en donde se les olvidó que, sin importar su nacionalidad o color, son seres humanos. La parte donde duermen tranquilos sabiendo que gracias a su reforma hay personas lastimadas, con ganas de llorar, con dificultades para seguir viviendo o incluso con deseos de no seguir haciéndolo.
Ya me han dicho que es una cuestión política, pues la Gobernadora de Arizona, Jane Brewer, tiene aspiraciones de reelegirse y necesita mandar un mensaje a los militantes del partido republicano y a toda la población que no quiere a los migrantes, pero ¡carajo! Ni las ambiciones personales, ni las partidistas, vaya pues, ni la política, ni la economía está por encima de las personas.
Y saben que es lo más irónico, pero también lo que más me ha enseñado, que cuando la reportera le pregunta a Raúl, con miras en obtener insultos y ofensas, sobre qué le diría a los que aprobaron esta ley, él contesto con simplicidad: “Que nunca fue mi intención dañar a nadie. Que me gustaría estar en otra situación, donde yo estuviera en mi país, con mi familia y que ellos fueran los que estuvieran ahí, pidiendo trabajo y consideración, para entonces yo ofrecerles mi casa y vieran que no somos tan malos”.
NO A LA SB1070 PORQUE ES RACISTA, VIOLATORIA E INHUMANA!
Alejandro Hermosillo, jueves 29 de abril de 2010
